Inicio Foros Peritaje Social Avanzado Artículo «EL derecho del menor a ser oido, Autora: Pilar Hernández Martínez

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    Maite Villaluenga de la Cruz
    Superadministrador

    Buenas tardes a todos!

    Espero que esteís bien y disfrutando del curso.

    Os facilito un artículo que nos parece bastante interesante, del cual esperemos que os haga reflexionar y os invitamos a que podais compartir vuestras impresiones.

    Un fuerte saludo!

    El derecho del menor a ser oído en un procedimiento judicial

    Por Pilar Hernández Martínez.

    Para hablar sobre el Derecho del menor a ser oído en un procedimiento judicial, hemos de empezar mencionando la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, de la que España es parte. La Convención manifiesta en su artículo 12 que, los estados garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez del mismo. Asimismo, nos indica que, con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte.

    Esta norma se relaciona con la del artículo 3 sobre el interés superior del niño, interés que ha de atenderse en todas las decisiones o medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales, administraciones. Es decir, no se puede en aras del “interés superior del niño” reafirmar su incapacidad legal o procesal, porque es contrario al espíritu de la Convención.

    Por otra parte, hemos de centrar nuestra atención en lo que se expone en el artículo 9 de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor que, el menor tiene derecho a ser oído, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social.

    Respecto a la audiencia de los menores en los procesos de familia, que es donde cobra total protagonismo dicho Derecho, el artículo 770.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que, si el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años. En consonancia con una constante jurisprudencia de la AAPP que ya establecía la necesidad de practicar la exploración del mayor de doce años, o menor de esa edad que tuviere suficiente juicio, antes de resolver cualquier asunto que le afectare. Y en este sentido, además, en el artículo 92. 2 del Código Civil, se estipula que, el Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos.

    Considero que los operadores, tanto jurídicos como no jurídicos, en asuntos de derecho de familia deben velar precisamente por esto, para que los niños puedan comprender correctamente que es lo que ocurre en un proceso de divorcio y tengan su espacio para manifestarse. Hay que tener en cuenta que, el ejercicio de la guarda y custodia de los hijos resulta ser el gran conflicto entre los progenitores en los procesos de nulidad, separación y divorcio. De esta manera, los criterios para que el Juez pueda determinar y valorar el régimen de guarda más adecuado para el menor son: la relación que tienen de los progenitores con el menor, la relación entre ambos progenitores, el tiempo que cada progenitor ha dedicado a su hijo antes de la ruptura, el entorno que pueden proporcionar a su hijo, la distancia entre los domicilios y evidentemente la voluntad del hijo.

    Como ya se ha mencionado anteriormente, es obligatorio, legalmente, oír a los menores que tengan suficiente juicio antes de adoptar cualquier medida que les afecte. Además, el Código Civil de Catalunya, en el apartado e) de su artículo 233 – 11.1, se refiere a “la opinión expresada por los hijos” como una de las circunstancias a ponderar para la determinación del régimen y la forma de ejercer la guarda.

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